Durante los
20 años de violencia política y guerra interna que vivió nuestro país, la
sociedad civil fue víctima de innumerables abusos y violaciones por parte de
ambos bandos de la guerra. Pobladores, estudiantes, niños, hombres y mujeres,
se hallaron en este fuego cruzado dando como resultado enormes cifras de muertos
y desaparecidos. La CVR luego de una intensa investigación y de recoger
innumerables declaraciones de los actores de este capítulo oscuro de nuestra
historia, pudo elaborar un informe final, con cifras bastante exactas y sobre
todo rescatar la verdad de los hechos, que servirán como un recordatorio para
no olvidar. En el siguiente informe, daremos una breve descripción de los hechos más resaltantes de lo que aconteció en todos esos 20 años.
Durante todo el periodo de violencia, se formaron tres principales de grupos a los cuales se atribuyen diversos casos de asesinatos y desapariciones.
Los Sinchis En el
gobierno de Belaunde, las acciones contrainsurgentes estaban principalmente a
cargo de los “sinchis”, cuerpo especial de policías antisubversivos organizado
en la base de Mazamari, cerca de Satipo. Ellos habían aniquilado las guerrillas
de los 60’s.
Comando Rodrigo Franco, fue un Comando paramilitar y escuadrón de la muerte que surgió y funcionó durante el gobierno aprista de Alan García, como un aparato para eliminar y amedrentar sospechosos de terrorismo en un contexto de agudización de la violencia política en el Perú.
Fue
duramente cuestionado por sus amenazas, crímenes y ejecuciones extrajudiciales
no solo contra sospechosos de terrorismo, sino también contra
miembros de la oposición.
El
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dado en el 2003, permite suponer que los casos del
frustrado atentado contra el Diario Marka, el asesinato del abogado Manuel
Febres Flores (a la sazón Defensor de Osman Morote) y el asesinato del líder sindical
Saúl Cantoral Huamaní, entre otros, fueron llevados a cabo por integrantes del
llamado Comando Rodrigo Franco, quienes estuvieron
presumiblemente dirigidos por Agustín
Mantilla,
entonces ministro del Interior.
Grupo Colina fue un grupo paramilitar cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos desde los
años 80' hasta inicios de la década de 1990.
Durante el gobierno de Alan
García operaron
grupos con similar modus operandi, como el Comando Rodrigo Franco. El
grupo fue dirigido por el capitán del Ejército Peruano, Santiago Martín Rivas. El grupo fue parte de una
estrategia denominada Guerra de baja intensidad, y
aún está en discusión si dicha estrategia fue o no política del Gobierno de
turno.
A continuación mencionaremos los casos más sonados sobre la violencia con que actuaron las fuerzas del ejercito y policía, contra civiles inocentes, principalmente ocurridos en la zona de Ayacucho y los más mediáticos en la zona de Lima
La masacre de Accomarca
Fue llevada a cabo el 14 de agosto de 1985 en el poblado de Accomarca, en Ayacucho, por el Ejército del Perú contra una supuesta base de formación terrorista de Sendero Luminoso. El pueblo entero fue borrado del mapa luego de la sistemática tortura y violación de su población
separaron a hombres, mujeres y niños para encerrarlos en tres viviendas a pesar de las súplicas de los comuneros. Luego violaron a todas las mujeres y seguidamente mataron a todos los pobladores: les dispararon, les arrojaron granadas y, por último, prendieron fuego a las casas con todos los ocupantes (muertos o heridos) dentro. De las 69 víctimas ejecutadas, 30 eran niños, 27 mujeres y 12 hombres.
El caso Cabitos
Desde el cuartel militar Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51,
se dirigió e implementó la lucha contra Sendero Luminoso. Asimismo, constituyó
un lugar de detención ilegal, tortura, desaparición forzada y ejecución
extrajudicial. Fue el centro neurálgico de una política de violación masiva de
los derechos humanos, ejecutada con total impunidad contra la población
ayacuchana.
No se sabe
cuantos seres humanos fueron llevados a Los Cabitos, torturados y asesinados,
sin ningún proceso judicial y cuyos cuerpos fueron quemados en el horno que
existe todavía en La Hoyada al lado del cuartel. Los forenses han probado los
huesos de 109 personas, pero esto no es un número exacto sé teme que sean más.
Cayara
E l 14 de mayo de 1988, un grupo de militares
entró al pueblo de Cayara y asesinó a Esteban Asto Palomino. Luego detuvieron a
un grupo de comuneros y encerraron a cinco de ellos en una iglesia donde se les
disparó. Sus cadáveres fueron hallados en Quinsahuayco.
Al enterarse que la mayor parte de los
pobladores de Cayara se encontraban en la localidad de Ccechua, se dirigieron a
dicha zona. Allí, reunieron a los campesinos y los culparon del ataque a la
patrulla. Tras haberlos torturado, asesinaron a 20 comuneros en presencia de
mujeres y niños.
Huanta 84
Las fosas encontradas en Pucayacu el 22 de agosto de 1984, guardan relación con el Caso de Jaime Ayala, no sólo porque las responsabilidades de estos crímenes recaen en altos mandos militares, sino además porque los responsables mediatos de violaciones derechos humanos en Huanta, a fin de encubrir sus crímenes, ejecutaron y enterraron clandestinamente 50 cuerpos en la zona de Pucayacu.
Desaparición Forzada de 59 ciudadanos de la Provincia de Huanta
Según señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, desde el segundo semestre del año 1983,
y particularmente durante 1984, la población campesina del valle de
Huanta (en concreto los distritos de Luricocha, Iguaín y Huanta) fueron
objeto de lo que se conoce como una “dragonada” de parte de la Infantería de
Marina. Es decir, un despliegue militar aparatoso, con tanquetas
incluidas, contra campesinos desarmados, sin mediar ningún tipo de diálogo con
sus autoridades, ocupando escuelas, locales comunales y capillas, con un alto
saldo de secuestros y ejecuciones extrajudiciales, en momentos en que los
senderistas al parecer se habían replegado a las punas y la selva del Valle del
Río Apurímac.
En estas comunidades, en 1984, la Infantería de Marina
implementó acciones represivas con un alto grado de violencia
indiscriminada.
El caso es llevado por la Primera Fiscalía Penal
Supraprovincial de Ayacucho, la que decidió iniciar el proceso judicial el 16
de diciembre de 2011, mediante Auto Ampliatorio de Apertura de Instrucción.
Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, en el Jirón Huanta No. 840 de Barrios Altos, seis miembros del Grupo Colina asesinaron a 15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves, mientras celebraban una pollada para recaudar fondos con el fin de reparar algunas tuberías de desagüe.
El 15 de noviembre de 1991 el Congreso nombre una Comisión Investigadora que no pudo hacer su labor debido al cierre del Congreso como consecuencia del autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992.
La Cantuta
El 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colina- irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
Los detenidos fueron: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y el catedrático Hugo Muñoz Sánchez.
Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal.
Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla.
Los detenidos fueron: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y el catedrático Hugo Muñoz Sánchez.
Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal.
Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla.
El Fronton
En la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao. Simultáneamente, se realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara pues denunciaron un intento de “genocidio” bajo el pretexto del traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande.
Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal y ordenó la suspensión del diálogo con los internos por orden expresa, según dijo, del presidente Alan García.
Las acciones ocurrieron el día 19 de junio de 1986. El acto tuvo como resultado más de 200 internos y 3 infantes de marina muertos producto del enfrentamiento. Tras la intervención, el penal fue demolido.
*fuentes
Aprodeh
CVR
Wikipedia
anic.utexas.edu
Aprodeh
CVR
Wikipedia
anic.utexas.edu
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